Fotos: Lizbeth Hernández
El pasado 16 de octubre, la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida visitó la comunidad Icacal en territorio Lenca, ubicada en la costa oriente de El Salvador. Durante la jornada se realizó un encuentro entre autoridades y miembros de diversas comunidades originarias, colectivos y defensores de derechos humanos.
En la reunión, miembros de la comunidad denunciaron el despojo de sus tierras, la criminalización y el hostigamiento que enfrentan por defender su territorio bajo el régimen dictatorial de Nayib Bukele, así como el ecocidio de sus zonas naturales provocado por megaproyectos como el Aeropuerto del Pacífico.
MILPA Filial Oriente, una organización campesina e indígena integrante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Campo (MILPA), nació en resistencia a este proyecto de muerte del Aeropuerto del Pacífico. Ángel Flores, coordinador MILPA, explicó que este esfuerzo colectivo combina la lucha sindical con la defensa de la Madre Tierra, la revitalización de la espiritualidad ancestral y los derechos colectivos de los pueblos originarios y denuncian que este proyecto ha devastado la zona costera oriental, destruyendo ecosistemas, vías de comunicación y los medios de vida de las comunidades campesinas e indígenas.
Cuando el Aeropuerto del Pacífico fue anunciado oficialmente en 2021, este generó un efecto inmediato de especulación inmobiliaria en toda la región. Antes del anuncio, una manzana de tierra (aproximadamente 7.000 m²) costaba entre 3.000 y 4.000 dólares; hoy alcanza hasta 60.000 dólares, volviéndose inaccesible para las comunidades locales. Además, el 24 de noviembre del mismo año, el régimen aprobó una Ley de Expropiación que permite al Estado declarar un territorio “de interés público” y despojar a sus habitantes a cambio de una compensación mínima, sin posibilidad de acceder a tierras equivalentes. En zonas de playa, los precios alcanzan hasta 100.000 o 200.000 dólares por manzana, evidenciando la lógica especulativa del despojo.
Ángel Flores denunció que la construcción del aeropuerto responde a intereses de turistificación y especulación inmobiliaria, articulados con agendas de poder económico transnacional:
“El paisaje ha sido cambiado violentamente, desmontando la forma y estilo de vida propios de estos territorios para dar paso a la mercantilización de la vida”.
La comunidad pide no perder de vista que El Salvador vive bajo una dictadura, donde han desaparecido los espacios democráticos y el Estado actúa al servicio de un modelo patriarcal, colonial, extractivista y capitalista. Bukele, que modificó la Constitución para perpetuarse en el poder, impulsa megaproyectos y marcos legales que favorecen la acumulación privada y el despojo de bienes comunes.
Uno de los casos más graves ocurre precisamente en esta comunidad predecesora a las haciendas coloniales, El Icacal, donde la empresa Desarrollo Turístico del Pacífico S.A. de C.V., propiedad de la familia Murray Meza, pretende apropiarse de 11.5 kilómetros de playa, afectando a más de 80 familias que han habitado el territorio por generaciones.
En su testimonio, Anadeise Arias, presidenta de la comunidad, relató cómo desde la primera audiencia judicial a favor de la comunidad fueron rodeados por policías y amenazados por pandillas. Esto le provocó ansiedad, pánico y pérdida de sueño. Denunció que las acciones de hostigamiento y vigilancia continúan de manera sistemática.
Otro miembro de la comunidad de Lima relató cómo intereses empresariales, a través del abogado Joel Rivalinar, han intentado despojar a 86 familias de 84 manzanas de tierra. Explicó que la falta de representación legal adecuada, debido a los costos económicos, ha dificultado la defensa de sus derechos en instancias judiciales superiores, evidenciando la desigualdad y vulneración del acceso a la justicia.
Entre las zonas más amenazadas se encuentran la franja costera del oriente, actualmente disputada por grupos empresariales, fundaciones, bufetes de abogados, funcionarios gubernamentales y estructuras del crimen organizado. Además del Aeropuerto del Pacífico, el gobierno promueve el megaproyecto “Sur City”, antes denominado “Bitcoin City”, que busca privatizar tierras comunales para proyectos turísticos y urbanos de lujo, desplazando comunidades campesinas e indígenas.
Esta práctica de despojo territorial sigue un modus operandi recurrente en múltiples comunidades del territorio mal llamado México, donde grupos empresariales, bufetes de abogados, funcionarios gubernamentales y estructuras del crimen organizado se articulan para apropiarse de las tierras de los pueblos originarios. Un caso que nos acompaña en la Caravana Mesoaméricana por el Clima y la Vida es la comunidad Chontal de El Coyul, en el Istmo de Tehuantepec, que este 30 de octubre enfrentará nuevamente una audiencia para dictaminar la inocencia y absolución de las y los 21 compañeros que cuentan con delitos fabricados de despojo y secuestro y por los cuales el Estado les exige multas y reparaciones de daños colectivas e individuales, todo esto mientras continúan respaldando la devastación ambiental de las playas de la comunidad, afectando gravemente la fauna nativa y los ecosistemas locales, así como la forma de vida de la comunidad.
En paralelo, se reactiva la minería metálica en la zona norte del país, pese a estar prohibida por ley, y se expande el urbanismo depredador en la cordillera volcánica central, provocando graves inundaciones y pérdida de fuentes hídricas.
Posterior al encuentro, Edwin Yovanis, lun pescador artesanal de la comunidad llevó a una comitiva de la Caravana a un recorrido por los manglares y playas de Icacal, mostrando el impacto ambiental del despojo y los megaproyectos: el mar ha ido avanzando sobre la playa y el manglar, destruyendo ecosistemas vitales para la pesca artesanal, la reproducción de especies y la seguridad alimentaria de la comunidad. Edwin denunció que los proyectos turísticos y las acciones del gobierno priorizan intereses económicos sobre los derechos y la vida de las familias locales, afectando directamente el sustento de pescadores y campesinos. Además, señaló que las autoridades han llegado a exigir documentos de identidad de los habitantes bajo intimidación, reforzando la criminalización de la comunidad.
“Hace como unos ocho días, mi vivienda fue rodeada por nueve carros de patrulla, aquí en el lugar, no estaba yo en mi casa, andaba en altamar pescando, intimidando a mi compañera de vida, diciéndole de que entregara su documento único de identidad.”
La comunidad denunció la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, ambientales y sindicales, muchos de los cuales han sido encarcelados bajo el régimen de excepción.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha convertido en un símbolo del autoritarismo estatal, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. MILPA advierte que este modelo de despojo y represión responde a una lógica de acumulación capitalista y a la consolidación de una zona económica trinacional entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, articulada al Golfo de Fonseca y a los corredores de interconexión que atraviesan Mesoamérica
“Más de 80 mil personas han sido detenidas, y 450 han muerto en prisión sin sentencia, en condiciones de tortura, hambre y maltrato.”
Ante este panorama, la comunidad reafirma su compromiso con la autonomía, la organización comunitaria y la articulación regional, resistiendo el despojo, la criminalización y la destrucción de su territorio y sus medios de vida.